Un paso necesario hacia una sociedad más integrada

Sobre el proyecto de Ley de regularización dominial de la vivienda familiar e integración socio-urbana en Argentina (II).

N. de la R.: El texto de esta nota reproduce el discurso del autor en la Cámara de Diputados el pasado 4 de julio, en ocasión del tratamiento del proyecto de Ley (que fue aprobado por unanimidad, obteniendo media sanción legislativa).

 

Gracias Señor Presidente

Es particularmente emotivo para mí ser parte de este debate tan rico sobre un tema sistemáticamente postergado en la agenda pública.

Estamos, ante un proyecto que viene recorriendo un trabajoso camino de construcción que debe valorarse cabalmente. Un proyecto que constituye el punto de partida de una política de dignificación y construcción de ciudadanía. Todo esfuerzo que hagamos como Nación para garantizar un hábitat razonable está justificado. Detrás de las garantías jurídicas y de los servicios asociados a una organización urbana adecuada, está la posibilidad del ejercicio de derechos esenciales. Sr. Presidente: la salud, la integración, la intimidad, entre otros, están estrechamente ligados a disponer de un espacio en condiciones mínimas.

La vivienda es la materialización de un paquete de derechos.

Argentina a lo largo de su historia ha conjugado las mejores y las peores experiencias en materia de vivienda y hábitat; desde las tempranas y ejemplares respuestas de tipo cooperativo, que debemos a pioneros socialistas y que aún hoy son visibles en nuestras ciudades, hasta viviendas públicas de calidad deplorable efectuadas en zona de riesgo y asociadas a prácticas corruptas. En el medio, todo lo que pueda imaginarse.

La vivienda, como otros derechos, sirvió para expresar lo peor y lo mejor de nuestra cultura política. En ese recorrido tortuoso, hemos aprendido muchas cosas. Por eso, Sr. Presidente el respaldo a este proyecto no se funda en una perspectiva perfeccionista; sino en comprender que el largo camino que debemos desandar, de más de un siglo de informalidad urbana, requiere de instrumentos, dialogo político y esfuerzos asociados. Se trata de una tarea, que nos precede y nos excede. Muchos argentinos de bien han puesto su dedicación en esta causa noble y por supuesto tomará tiempo revertir una anomalía tan extendida y tan severa.

No somos en absoluto pioneros, antes que nosotros decenas de administraciones subnacionales han fatigosamente intentado dar respuestas, cientos de miles de brazos de vecinos en nuestros conurbanos han resignados su tiempo libre para construir con otros la casa soñada, miles de profesionales y organizaciones de la sociedad civil permanentemente buscan soluciones en medio de un descalabro territorial de proporciones. Podría dar decenas de ejemplos notables que tuve el inmenso honor de conocer en primera persona, donde el sistema institucional, los vecinos, los proveedores, los profesionales, se conjugaron para que ciudadanos humildes dispongan de una vivienda y un hábitat razonable. Lo hacen contra viento y marea.

Ese torbellino de dificultades que enfrentan es como una hidra de mil cabezas: macroeconomía pendular, inflación persistente, sistema financiero pequeño, monopolio en insumos esenciales, empresas de servicios esquivas y decenas de problemas añadidos… pero por sobre todos ellos, la carencia de una visión compartida sobre el rol central de una ciudad cohesionada como fundamento de la convivencia.

Década tras década se han ido superponiendo, visiones, intervenciones públicas, trabajos comunitarios y estudios de todo tipo. Hemos pendulado desde la topadora hasta la exaltación de algunos aspectos de la marginalidad urbana. En mi opinión lo que necesitamos es políticas públicas que amplíen nuestras posibilidades, que favorezcan la emergencia de la creatividad, que puedan vincular el compromiso público con la dinámica comunitaria y sobre todo que se orienten a “hacer ciudad” en el sentido más pleno del término, abandonando tanto la tentación paternalista como el inmovilismo.

“Hacer ciudad”, generar esa especial forma de agregación humana en el que el espacio público nos iguala e integra, generar esa trama de vínculos, aprendizajes y tensiones donde podemos reconocernos partes de un colectivo.

“Hacer ciudad” es nuestro desafío político, por eso necesitamos los tres niveles del Estado acordando planes de acción y actuando con responsabilidad.

Hoy hay aproximadamente 4 millones de compatriotas sin títulos, sin servicios, en ocasiones hacinados, sin presencia próxima de las instituciones públicas e incluso a veces a la merced de los oportunistas de turno, en lugares donde conviven la solidaridad y el abandono. Según el registro de barrios populares elaborado por la Jefatura de Gabinete, desde el año 2000 a la fecha, en menos de 20 años se instalaron el 45 % de las villas y asentamientos existentes. Casi duplicamos la informalidad producida en el siglo anterior en apenas 20 años. Por datos como este y antes de ingresar en la naturaleza del proyecto; quiero destacar como instrumento la elaboración del registro de barrios populares. Hasta hace apenas dos años, Sr. Presidente, la información, era fragmentaria y asistemática. El registro, aún con errores y déficits, propios de un instrumento de semejante envergadura, establece una conceptualización y organiza datos que estaban dispersos, define criterios de validación y sobre todo constituye una herramienta para poder formular políticas públicas.

Hoy sabemos mucho más. Este conocimiento es fundamental. La primera ley del buen diseño de políticas dice: “Nadie gobierna lo que no conoce”. La capacidad de intervención pública sobre cualquier problema es directamente proporcional a la cantidad y calidad de información que disponga, a poder alinear intereses y a la capacidad de construcción de un consenso edificante que movilice recursos que excedan al presupuesto público. El RENABAP es un recurso útil para sostener una política de hábitat digno.

Sugiero Presidente, y lo incorporaré como pedido específico en la próxima visita del Jefe de Gabinete a esta Casa, que hacia delante esta registración se configure como una herramienta permanente, con independencia del rol estabilizador que este registro tiene para la presente Ley. Es indispensable disponer de un monitoreo de la evolución urbana argentina para diseñar políticas más ajustadas a nuestras necesidades.

La tarea hecha no debe quedar desfasada; en el futuro debe constituirse en un lugar de convergencia de la información provista sobre todo por el INDEC, las provincias y los municipios argentinos, coordinando calidad técnica con proximidad en el registro. Un Estado moderno se construye compartiendo información y esfuerzos.

Ahora bien, de todas las patologías que el país presenta en su organización territorial, hay dos decisivamente negativas y que están asociadas entre sí: el desequilibrio demográfico extremo y la informalidad habitacional urbana. Sabemos que por detrás de ambas situaciones está el desarrollo desigual.

No corresponde aquí hacer teoría Sr. Presidente, pero es evidente que los procesos de integración de ciertas cadenas de valor a la economía global le han permitido (sobre todo) a la región pampeana sostener un desenvolvimiento económico más dinámico y ha posibilitado integrar a la producción y su logística asociada, servicios sofisticados constituyéndose en un área atractora de personas que habitaban zonas del país menos favorecidas o países limítrofes, regiones con déficits de infraestructura, con un tejido empresarial pobre.

Las personas (nacionales o extranjeras) migran en busca de sus sueños, escapan de catástrofes naturales y también socio políticas, a veces de manera anárquica. Argentina no escapa a la tendencia mundial de urbanización intensiva, pero el triunfo económico y cultural de las ciudades no nos obliga a hacer ciudades quebradas, a constituir metrópolis ingobernables o a darle la espalda a nuestros problemas. Argentina puede y debe constituir decenas de ciudades mejor planificadas e integradas, con servicios razonables, donde el acceso al suelo no sea una quimera y a partir de las cuales la movilidad de las personas se base en criterios menos angustiantes.

Hasta los años ´70, Sr Presidente, a esos migrantes las grandes ciudades los recibían con dos expectativas recurrentes que generalmente se materializaban: el empleo asalariado (mayoritariamente en blanco e industrial) y el loteo popular en los márgenes urbanos. Loteo a largos plazos, que por otra parte era posible a partir de disponer de un recibo de sueldo. Con la crisis del petróleo a escala global y nuestra propia crisis económica y político-institucional, ese modelo, que por supuesto no era un paraíso pero tenía una decidida dinámica integradora, se quebró irreparablemente. De allí en más el empleo fue crecientemente informal, la inflación esterilizó la posibilidad de los loteos a plazos y a partir de los años ´90 las urbanizaciones cerradas destinadas a las clases medias/altas ocuparon los lugares que tradicionalmente ocupaban aquellos loteos. Como puede observar, Sr Presidente, la ocupación informal masiva del territorio es apenas la expresión visible de nuestro errático recorrido institucional. No hay responsables excluyentes.

Así llegamos a hoy Presidente, con la movilidad desde las villas semi-congelada, con generaciones de argentinos viviendo sin servicios básicos, y en las grandes metrópolis además con la consolidación de modelos de control territorial totalmente alejados del ideario cívico que compartimos la mayoría de quienes integramos esta Cámara. Porque allí donde no llega el Estado, a veces llega un movimiento social. Pero muchas veces, Sr Presidente, no tenemos tanta suerte y el poder sobre el territorio se disputa de los peores modos entre personajes oscuros que aprovechan de la necesidad y la opacidad que les otorgan esas barriadas.

De allí la importancia de esta Ley, Sr. Presidente.

El Estado argentino debe hacerse presente en este como en otros temas, con sensibilidad y estrictez técnica. Y justamente por eso, es imprescindible, como la Ley lo establece, la cooperación multinivel. No se trata de que cada nivel jurisdiccional descargue sobre otro obligaciones, se trata de construir la trama institucional que nos permita ser parte de esta epopeya nacional y además movilizar recursos económicos por fuera de todo circuito especulativo, generando condiciones para que nuestras mujeres y hombres puedan desempeñarse mejor en todos sus roles.

Parece ridículo decirlo, pero mejorar nuestros barrios disminuirá el ausentismo educativo y laboral, mejorará la economía de los hogares, incrementará la seguridad, ampliará los espacios de inversión, posibilitará la emergencia de micro-emprendimientos formales donde ha avanzado la economía del delito. No se trata solo de sensibilidad y humanismo, necesitamos también poner esa parte del país en marcha.

Solo el 16 % de la población en edad laboral de villas y asentamientos tiene un trabajo en blanco, y casi el 50 % de la población tiene menos de 20 años. No podemos cambiar decididamente la suerte social de este país sin una estrategia comprometida y sostenida de lucha contra la exclusión. Las barreras y los quiebres urbanos son el rostro visible de esa exclusión, que va mucho más allá de la diversidad de ingresos.

Ha sido estudiado hasta el hartazgo que la condición propietaria modifica las potencialidades de las personas. En el caso argentino hay un estudio muy interesante llevado adelante hace unos años por el Rector de la Universidad Di Tella Ernesto Schargrodsky y el ex Secretario de Política Económica Sebastián Galiani, que muestra acabadamente como la condición propietaria influía positivamente en cuestiones como acceso al empleo, incremento de la densidad asociativa, evolución educativa de los hijos, etc. Además, al constituir un patrimonio heredable, contribuimos mínimamente a romper el círculo vicioso de la pobreza, haciendo apropiable el esfuerzo transgeneracional. Es vital que tomemos en cuenta esto Sr Presidente; no es justo que los ciudadanos más pobres de este país no puedan transferir a sus hijos el fruto de su esfuerzo.

Ahora bien, esto no es soplar y hacer botellas. No se trata sencillamente de dar un título. Tenemos barrios en riesgo, tenemos viviendas de una precariedad extrema, tenemos necesidad de planificación urbana para el buen funcionamiento de nuestras ciudades, tenemos distintas morfologías de villas y asentamientos, las que a su vez brindan posibilidades y restricciones diferentes. Todas estas circunstancias condicionantes nos obligan a pensar esta Ley como un marco institucional para trabajar. Esto es el inicio de un programa de trabajo que, por supuesto, deberá atravesar varios gobiernos, como la Ley 1.420 de educación pública requirió de varias décadas para desplegar todo su poder emancipador.

Para delante nos quedan muchas cuestiones abiertas, pero sin esta iniciativa tampoco podríamos arrancar.

Sabemos que desde una lectura sesgada, muchas veces este tipo de Leyes son cuestionadas por la supuesta injusticia que supondría transformar en propietarios en condiciones ventajosas a personas que en algún momento ocuparon un predio que no era suyo. No quiero dejar de dialogar con ese fantasma discriminador o con esos temores fundados, como queramos verlo. El Estado argentino ha hecho muchas cosas en esta materia atendiendo públicos muy diversos, desde el otorgamiento de créditos subsidiados -como es el caso del PROCREAR destinado a sectores medios- hasta la construcción de vivienda social con precio limitado y modalidad de pago extendida, que han beneficiado generalmente a sectores medios/bajos. Es importante en este punto poder ver los beneficios de conjunto y no solo enfocarse en una perspectiva parcial.

Los beneficios para lo que denominamos la “ciudad formal” de este tipo de iniciativas son tan importantes como para los propios ocupantes de villas. Desde servicios públicos mejor programados, incremento de valorización inmobiliaria en las adyacencias, mejoras de pautas de movilidad, suturas urbanas y disminución de la segmentación, mejoras ambientales, etc. Si este programa se despliega regularmente, y si lo acompañamos con iniciativas complementarias integradoras, en pocos años veremos cómo se extienden los beneficios territoriales y se bajan los costos de vivir en ciudades desintegradas.

Por supuesto, corresponde decirlo, la Ley prevé la compensación económica por parte de los ocupantes respecto de los títulos a recibir, lo que es lógico, del mismo modo que la limitación en la transferencia futura de los bienes para evitar comportamientos especulativos.

Este programa implica un esfuerzo fiscal limitado y asumible, pero además es una oportunidad fenomenal de movilización económica. La inversión en hábitat es socialmente rentable y constituye una necesidad de primer orden en materia de gobernabilidad y garantías cívicas.

He tratado de repasar los tópicos más importantes que enmarcan este verdadero hito en nuestra historia social porque creo que el apoyo a la Ley merece estos fundamentos. La ley es una gran iniciativa, ha conjugado esfuerzos de los más diversos, en el texto se pueden apreciar los aportes plurales de todas las fuerzas políticas y de los agentes sociales involucrados en la materia, lo que debe ser destacado y que en nombre de este interbloque quiero reconocer.

Sabemos que se trata de un esfuerzo descomunal, pero también sabemos que es en estos desafíos que conjugan economía, sociedad, infraestructura, legislación adecuada, respuestas profesionales e incluso tensiones políticas que deben ser enfrentadas y resueltas con criterio y vocación persuasiva, es donde debemos estar como Parlamento y como Nación.

Para cerrar déjeme decir una cosa, Sr Presidente: no quiero vivir en un país con exclusión. NO quiero vivir en un país con estigmatizaciones y descalificaciones. NO quiero vivir en un país quebrado por el miedo en las ciudades. No es necesario, no es útil, no es justo, que nuestras desigualdades se expresen de ese modo.

Quiero vivir en un país donde el hogar en el que se nazca no constituya una condena y, si bien no creo que nadie tenga la fórmula infalible para revertir nuestra larga decadencia, creo que cada paso que demos para poder transitar hacia una sociedad más integrada debe ser valorado, cuidado y apoyado.

Muchas Gracias Sr. Presidente.

FQ

El autor es Diputado Nacional argentino (UCR-Cambiemos, Provincia de Buenos Aires). Abogado (UBA, 1989), posgraduado en Estudios sobre la Sociedad Civil (Universidad San Andrés/Di Tella 1997), Máster en Gestión de Ciudades (Universidad de Barcelona 2003). 

De o sobre su autoría ver también en café de las ciudades:

Número 50 | Política de las ciudades (I) 
Revolución informacional, nueva geografía y límites de la estatidad en la gestión del territorio | Reconquistar el mundo para una ciudadanía inclusiva. | Fabio J. Quetglas

Número 61 | Política de las ciudades 
Gobierno local, desarrollo y ciudadanía | De la pirámide y la división de competencias a la retícula y la convergencia funcional | Fabio Quetglas

Número 66 | Economía y Política de las ciudades 
Sobre el conflicto agropecuario en la Argentina | Equidad regional, competitividad de las ciudades y calidad institucional: retos para una política económica de objetivos múltiples | Fabio Quetglas

Número 71 | Economía de las ciudades 
Fabio Quetglas define el Desarrollo Local | Una relación virtuosa entre territorio, economía y política | Marcelo Corti

Número 100 I Política de las ciudades (II)
Una, dos, cien… buenas ciudades para Argentina I Organización del territorio y calidad de vida I Por Fabio J. Quetglas

 

Ver el texto y los fundamentos del proyecto de Ley de regularización dominial de la vivienda familiar e integración socio-urbana.

Sobre el proyecto de Ley, ver también la opinión de María Cristina Cravino en este número de café de las ciudades.

Sobre RENABAP, Registro Nacional de Barrios populares en proceso de integración urbana, ver también las opiniones de especialistas en nuestro blog provisorio (2017).

 

Sobre el concepto de "hogar"

“Imaginemos juntos un futuro compartido para todos los pueblos de nuestro hogar común”.

Michael D. Higgins

Ciudades por la vivienda adecuada

Declaración municipalista de los gobiernos locales por el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad.

Ciudades por el derecho a la vivienda

Asentamientos populares, entre la regularización y la nada

Sobre el proyecto de Ley de regularización dominial de la vivienda familiar e integración socio-urbana en Argentina (I).

María Cristina Cravino

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Lugares de mal vivir. Una historia cultural de los prostíbulos de Buenos Aires, 1875-1936.

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