El resistible ascenso del independentismo

O el Estado español contra España.

Una confesión: el 1° de octubre sentí una gran felicidad al ver una inmensa ciudadanía, la mitad del censo electoral, que expresaba pacíficamente sus ilusiones mediante las urnas y, por otra parte, un fondo de tristeza melancólica por la previsible reacción violenta por parte del Estado español. Fue un gran éxito del pueblo catalán, o una parte muy importante del mismo. Siempre he procurado razonar lo más fríamente posible y me parece peligroso dejar que te lleven las emociones en un espacio conflictual como es la política. No soy independentista ni estoy en contra. Estoy convencido que los pueblos de España no solo podemos convivir sino que además lo hacemos cada día. Convivimos en Catalunya autóctonos de generaciones con los “otros catalanes” de Candel, lo que Pujol asumió en los años ´60 y añadió que son “catalanes los que viven y trabajan en Catalunya”. Son los otros pero son de aquí, sin dejar de ser también de donde llegaron sus padres o abuelos. Convivimos con el resto de España, que en gran parte ya no es “la España de la rabia y de la idea…” que utiliza la cabeza solo para embestir, como escribió Machado. ¿Separarnos de la sociedad española para qué? La trama de relaciones familiares y amistosas, profesionales y comerciales, culturales y políticas nos hace compartir mucho más que diferenciarnos. Pero el Estado es otra cosa. El Estado, la España oficial, no es la vanguardia de la democratización. Las muchas capas del sistema político-jurídico se caracterizan por la intolerancia, por la negación de la diversidad cultural y la pluralidad de poderes y de pueblos o nacionalidades, por la imposición centralista, la grosería y la brutalidad, por la complicidad con los poderes económicos, por la prepotencia de las cúpulas políticas y administrativas y por el menosprecio por las iniciativas populares. La España oficial requiere democratizar una democracia iniciada y frustrada en la que permanecen y se hacen cada vez más visibles comportamientos y estilos propios del pasado, un pasado que emerge cuando se expresan las diferencias y los conflictos. La España oficial solo sabe imponerse por la fuerza bruta, es la negación de la política democrática. Como ocurre ahora con la “cuestión catalana”.

No es necesario recordar la lamentable actuación del Tribunal Constitucional una vez se hubo refrendado por referéndum el Estatut de Catalunya (2006), previamente aprobado por la Cortes Españolas y el Parlament catalán. Un pacto como lo fue el pacto previo a la Constitución entre el Estado español y la Generalitat de Catalunya. A instancias del PP se promovió la denuncia ante el Tribunal Constitucional y a la vez se inició una campaña “popular” contra Catalunya, uno de cuyos artífices fue Rajoy. Se manipuló el TC, la sentencia fue “interpretativa” y aprobada por 6 votos contra 4. Se recortó groseramente un texto aprobado por el pueblo catalán y por las instituciones representativas del Estado español y de Catalunya (2010). Fue la chispa que encendió la pradera. Hubo una reacción catalana, se consideró humillante, la indignación fue de muchos y de cada uno. No fue una iniciativa de las instituciones o de los partidos, fue un rechazo que salió de la mayoría de la ciudadanía. Si apenas había el 20 % de independentismo, en pocos años llegó al 50%. La cuestión no era ni la fiscalidad ni el déficit acumulativo de las inversiones de infraestructura, ni el recorte permanente de las competencias, ni los intentos y amenazas gubernamentales de reducir la protección de la lengua. Son cuestiones que se pueden y se deben pactar. A la reacción catalana la provocó el no reconocimiento, el menosprecio, el abuso de poder, la negación a cualquier diálogo por parte de PP, Ciudadanos y la mayoría de lo dirigentes PSOE.

El gobierno español, el PP y Ciudadanos (C’) han mantenido una línea agresiva y provocadora a lo largo de estos años. Y también dirigentes y barones del PSOE. En vez de dialogar se pasó de las amenazas a la judicialización sancionadora de las iniciativas políticas, como la consulta “alegal” (2014), que ha procesado a los principales cargos públicos catalanes. Y muy recientemente, el 1° de octubre (2017) se celebró un referéndum legalizado por el Parlament de Catalunya pero no reconocido ni por gobierno español ni por el Tribunal Constitucional (TC). Esta consulta era el paso previo a la declaración unilateral de independencia regulada por una ley catalana de transitoriedad. Pero obviamente era percibida por parte de las instituciones políticas del Estado como un atentado a la Constitución y a las esencias patrias españolas. Hay que tener en cuenta que desde la aprobación del Estatuto catalán (2006) y su deformación posterior por el TC se multiplicaron declaraciones y campañas “anticatalanas” y la exaltación de un españolismo rancio con aromas propias de otras épocas siniestras. En los últimos años se acentuó el “problema catalán” en los medios de comunicación, las TVs nacionales y regionales y las TVs privadas y los periódicos de ámbito estatal. Se provocaron o exageraron fracturas sociales y se denunciaron todo tipo de discriminaciones tan falsas y absurdas como que en Catalunya no se enseñaba el castellano, que los originarios de otras partes de España serían discriminados, que vivirían aislados del mundo, etc. En el resto de España se ha han generado rechazos y desafección en sectores muy diversos, pero también en otros casos todo lo contrario.

Viajo bastante por toda España y encuentro una acogida interesada y cordial en medios diversos, profesionales, universitarios, sindicales o en los movimientos sociales. Aunque desde Catalunya hemos lamentado la falta de profesionalidad de muchos medios de comunicación. La intelectualidad y el mundo académico ha faltado a la objetividad y la neutralidad, la gran mayoría ha sido cómplice o silencioso. Se ha denunciado la política catalana mediante datos falsos o muy exagerados para falsear la realidad más evidente. Soy consciente que el ambiente no les es propicio. Sin embargo ha faltado un cierto sentido de responsabilidad. No se puede esperar mucho de los medios de comunicación y de gran parte de los intelectuales mediáticos respecto a la causa catalana. Es difícil de entender fuera de Catalunya y es más cómodo adaptarse al discurso oficial. Pero por lo menos no debieran añadir leña al fuego con sectarismo y incomprensión. Sin embargo, el independentismo cometió errores que convirtieron el éxito de un día, el 1° de octubre, en un fracaso de efectos nefastos para todos y por bastante tiempo.

Las fuerzas políticas catalanas, los partidos que se definen independentistas y el gobierno de la Generalitat cometieron, a mi modesto parecer, tres errores. En primer lugar plantearon la declaración de independencia como objetivo principal y a corto plazo. El proceso catalán se inició en 2010 y emergió con fuerza en el 2012; la independencia se sometió gradualmente a la consulta o referéndum. El 2014 se hizo una consulta alegal donde votaron más de dos millones de ciudadanos y el gobierno español no solo la menospreció sino que por el contrario inició la represión, utilizando a la Judicatura para penalizar a los gobernantes catalanes. Las encuestas posteriores mostraron que una consulta formal dispondría de un apoyo del 70 al 80%, pero la independencia siempre ha recibido un apoyo que no ha alcanzado el 50%. En segundo lugar ante la negación a un referéndum y a un rechazo absoluto a una negociación para llegar a un pacto se optó directamente por el atajo: la declaración de independencia. Posiblemente para forzar el diálogo, pero en la práctica fue una iniciativa tan audaz como ingenua. Se planteó la declaración de independencia a corto plazo, al cabo de 18 meses, poco después de la consulta del 2014. No se evaluó la relación de fuerzas ni la reacción represora del gobierno español, ni la incomprensión de la opinión pública española, ni pocos apoyos políticos en el resto de España (solamente Podemos, que apoyaba el referendum pero no la independencia) ni el improbable apoyo internacional, ni la posible fractura social en Catalunya, que poco a poco se ha manifestado a medida que se acercaba la inminencia de la declaración de independencia. Aparentemente no había ni plan B , ni tan solo un plan A una vez emitida la DUI (declaración unilateral de independencia). Y en tercer lugar, el último error fue precisamente cuando se obtuvo un gran éxito, la consulta del 1° de octubre. Era visible que la independencia era inviable ahora. Todas las fuerzas del Estado estaban dispuestas a liquidar o neutralizar las instituciones, partidos y organizaciones independistas. Se puede morir de éxito.

El 1° de octubre la Generalitat (el Gobierno catalán y el Parlamento) y los partidos independentistas y las organizaciones ciudadanas como la Asamblea nacional catalana y Omnium promovieron un referéndum prohibido por el gobierno español y el Tribunal Constitucional (TC). El conjunto de todas las fuerzas del Estado se movilizaron: gobierno, partidos estatales (PP, PSOE, Ciudadanos, excepto Podemos), la Judicatura, la alta administración, los principales medios de comunicación y las fuerzas policiales y armadas. El éxito del catalanismo fue por partida doble. Las entidades ciudadanas vencieron por partida doble al gobierno español y a las fuerzas policiales. Estuvieron las urnas, los centros previstos accesibles y los miles de organizadores que atendieron a dos millones trescientos mil votantes (casi la mitad del censo electoral). Bastantes miles más no pudieron hacerlo debido a la presión ambiental o a los obstáculos de la jornada: las caídas provocadas por el gobierno español que dificultaron mucho la participación y las actuaciones violentas de la policía nacional y el gobierno civil. El segundo éxito fue internacional: el comportamiento policial, el millar de heridos o contusionados incluidos ancianos y niños. Los medios de comunicación lo dieron a conocer a todo el mundo. El éxito del referéndum fue un éxito enorme pero era obvio que el gobierno español iba a reaccionar con toda su fuerza. El Gobierno catalán y su presidente cometieron un error fatal: no saber parar a tiempo.

El Gobierno catalán vinculó la consulta con la declaración de la independencia. No era un referéndum, pues era lógico que la gran mayoría de los no independentistas no iban a participar y los partidos estatales (PP, Ciudadanos y PSOE) llamaron a no votar. El resultado estaba predeterminado, el 90% votó por la independencia. Lo que fue una extraordinaria movilización se convirtió en un referéndum falseado. La Generalitat había aprobado una ley de transitoriedad (suspendida por el Tribunal Constitucional) que debía dar lugar a una declaración unilateral de independencia (DUI) unos días después del referéndum. El Gobierno español anunció que iba a intervenir la Generalitat, es decir cesar el Govern catalán y controlar el Parlament (artículo 155 de la Constitución, que no se utilizó nunca). Y el Fiscal general (nombrado por el Gobierno español) expuso por su parte que la Justicia aplicaría las sanciones penales correspondientes, por delitos de sedición y de rebelión, que pueden llegar a 30 años de cárcel además de medidas monetarias y patrimoniales, las inhabilitaciones, la desobediencia ante la Justicia, la prevaricación, etc. Los miembros del gobierno de la Generalitat han sido ya encarcelados por la jueza de instrucción. Más que un juicio es una venganza. El presidente y el gobierno catalán optaron por la peor salida de la trampa en que se habían metido. La consulta o falso referéndum era defendible y debido a que el proceso judicial sería necesariamente largo, podría verse facilitada la negociación política. Pero la DUI era un atentado a la “unidad indisoluble de España”, como dice el artículo 2 de la Constitución. Era lo que quería el gobierno del PP y sus aliados. Todos los aparatos del Estado estaban dispuestos a actuar por razones políticas, jurídicas y también vengativas. Al 1° de octubre no lo perdonarían. Sin embargo, la Generalitat tenía una salida. El presidente podía disolver el Parlament y convocar elecciones y no aprobar formalmente el DUI, lo cual podría evitar la ejecución del artículo 155; no era seguro, pero resultaría más costoso para el gobierno del PP pues seguramente encontraría oposición de los socialistas españoles y sería difícil de entender en la Unión Europea.

Sin embargo el talante intolerante y provocador del gobierno español, del PP y de Ciudadanos hace prever lo peor. El gobierno español nunca quiso dialogar sobre nada, y menos aún de independentismo ni de la modificación del status existente, y siempre se opuso a ninguna consulta. Un gobierno de leguleyos que solo ven la letra conveniente de las leyes, políticos corruptos como se ha demostrado con la sentencia del “sistema Gurtel” (la sentencia acusa al conjunto del PP), perros de presa que en nombre de su partido quieren sangre (es suficiente ver sus declaraciones en los medios) y fiscales y jueces elegidos para que actúen como policía política. Hoy en España el Gobierno y el PP y sus aliados han clavado un puñal al corazón de la precaria y limitada democracia española.

Catalunya no es el problema, el Estado español si que lo es. Cabe preguntarse: ¿por qué a lo largo de 7 años el gobierno español no ha hecho propuestas a los catalanes? ¿Por qué no ha abierto puertas de diálogo ni tan solo cuando se lo solicita el presidente de la Generalitat, días antes de decidir la suspensión de la autonomía catalana? También debemos plantearnos por qué numerosos cargos públicos del PP y C’s e importantes dirigentes socialistas han excitado el anticatalanismo, mediante demagogia, falsedades y exabruptos. Por qué gobernantes que se supone responsables alimentan las tensiones territoriales y las fracturas sociales, cuando deberían cohesionar la sociedad y facilitar la convivencia. Si no lo es, por lo menos parece que se trata de una operación de Estado que va más allá de Catalunya.

Las derechas españolas necesitan “enemigos” que le sirvan de chivos expiatorios. Los comunistas lo han sido y de vez en cuando aún aparece el fantasma del anticomunismo anacrónico. La ETA antes y el terrorismo yihadista actualmente se utilizan, pero no son suficientes pues no justifican ni la corrupción, ni las políticas antisociales, ni los privilegios de las elites políticas y económicas. Ahora el chivo expiatorio son los catalanes, los que pretenden “romper España”, los supuestos culpables de la recesión económica que nos acecha en los próximos meses y la deuda española acumulada por la pésima gestión del gobierno y del sistema financiero, los egoístas insolidarios que se aprovechan del conjunto de España. Es la estrategia de los “progoms”, desviar la atención de las clases populares y medias hacia un enemigo ficticio, al que se señala como diferente y perverso. Y se justifica el autoritarismo y la mala gestión pública.

Se adivina también un proyecto político desdemocratizador y recentralizador del Gobierno español, compartido probablemente entre PP, C’s y dirigentes y barones del PSOE. Los cargos públicos territoriales de estos partidos aspiran a eso, los cargos, pero no tanto a las competencias. España es un país vulnerable en el ámbito europeo y la conflictividad social puede resultar peligrosa. Se empieza con Catalunya, la Generalitat y los ayuntamientos. Luego seguirán con el resto de España. Con otras formas, con las complicidades de los partidos estatales, pero siempre para empobrecer más la pobre calidad de nuestra frustrada democracia. ¿Hay una alternativa política? Podría haberla, con el PSOE y Podemos y sus aliados periféricos. Y con un apoyo parlamentario de los partidos de las nacionalidades históricas y con pedigrí democrático. Pero la dirección actual del PSOE se encerró en la jaula de los partidos conservadores y las elites económicas y de la alta administración. Todo ello acobijado por la bandera roja y gualda de la monarquía y del franquismo. Unidos espiritualmente todos por la España indisoluble, el españolismo de la pandereta de la sultana sevillana y el monopolio dogmático de la meseta intolerante. Se empieza por “a por ellos”, los catalanes. Pero luego la desdemocratización llegará a todos los españoles.

El Estado español no es la dictadura franquista pero tiene impregnadas en muchas capas políticas, culturales y administrativas muchas ideas, comportamientos y formas que no son propias de una democracia madura. La sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española no se lo merecen. Es la “sociedad política” la que debe irrumpir en el Estado para reformarlo. Como en otros momentos de cambio, lo que es legítimo debe modificar la ley. ¿El problema puede estar en la Constitución? Probablemente, pero también en la perversión de la legislación que se ha desarrollado principalmente a lo largo de las dos últimas décadas, como la ley mordaza, la ley de los partidos políticos, la reforma laboral, la modificación de la Constitución en una noche para facilitar las políticas excluyentes y las normas que han ido reduciendo los márgenes de autogobierno de las nacionalidades, que culminaron con la sentencia del TC cercenando el Estatut de Catalunya.

El problema es el actual Estado español. Una vergüenza europea.

JB (2/11/17)

 

El autor es Profesor Emérito y Presidente del Comite Académico de los programas de posgrado de Ciudad y Urbanismo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Presidente del Observatorio DESC (derechos económicos, sociales y culturales).

Doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona y Geógrafo urbanista por la Université de Paris-Sorbonne. Ha ocupado cargos directivos en el Ayuntamiento de Barcelona y participado en la elaboración de planes y proyectos de desarrollo urbano de varias ciudades europeas y latinoamericanas. Entre otros libros, es autor de Luces y sombras del urbanismo de Barcelona y Revolución urbana y derechos ciudadanos, y coautor de Ciudades, una ecuación imposible y Ciudades para cambiar la vida, publicados por café de las ciudades.

 

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